PROGRAMA DE REGULARIZACION DE CATASTRO Y REGISTRO

• Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el ordenamiento territorial

1. ¿Quiénes somos?

El Programa de Regularización de Catastro y Registro es una iniciativa del gobierno de la República que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica inmobiliaria del país y mejorar el clima para la realización de inversiones públicas y privadas, así como fortalecer a los municipios en materia de recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles.

Este proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre del 2001, por medio de la Ley 8154 y tiene un costo de 92 millones de dólares, provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 65 millones de dólares, y una contrapartida del gobierno, por 27 millones.

Sus principales objetivos son:

1. Fortalecer la seguridad jurídica en materia de bienes inmuebles

2. Promover el indispensable ordenamiento territorial del país

La responsabilidad de ejecución del Programa recae en una Unidad Ejecutora (UE), que opera como órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de Hacienda. La UE responde y rinde cuentas a un Consejo Consultivo integrado por once instituciones públicas y privadas, que actúa como órgano de dirección estratégica, presidido por el Ministro de Justicia.

El Programa está organizado en tres Componentes, que responden a los objetivos específicos mencionados:

• Formación del Catastro y compatibilización con el Registro
• Regularización de los derechos relacionados con la propiedad inmueble en áreas bajo regímenes especiales (ABRE)
• Fortalecimiento municipal en el uso de la información catastral

Desde que el gobierno decidió comprometerse a desarrollar este importante proyecto, Costa Rica se ha visto beneficiada por la implementación de avanzados programas de levantamiento cartográfico; por la consolidación de un sistema de referencia, necesario para realizar los levantamientos catastrales; y ha ido avanzando hacia la conformación de un moderno catastro multifinalitario, que no solo refuerce la seguridad jurídica de las propiedades en el país, sino que facilite a las autoridades, tanto nacionales como municipales, promover un adecuado ordenamiento del territorio nacional.

Los beneficios de estas actividades son muchos. Si bien Costa Rica no es uno de los países más vulnerables en materia de registro de la propiedad, es bien sabido que tampoco estamos exentos de problemas en esta materia. Cada cierto tiempo surgen denuncias de abusos que ponen en peligro los legítimos derechos de los propietarios de bienes inmuebles y repercuten de forma negativa en el ambiente de inversiones en esa área.

Los orígenes de esos problemas son diversos, pero el hecho de que el país no cuente con un Registro y un Catastro compatibles, con datos debidamente armonizados, es fuente de conflictos permanentes. Surgidos en épocas muy distintas, en el Registro de la Propiedad Inmueble podemos encontrar los datos sobre la situación jurídica de una propiedad: nombre del propietario, derechos, gravámenes, etc. Por otro lado, en el Catastro está la descripción física del terreno: su ubicación, área y forma. Y, con frecuencia, hay inconsistencia entre esos datos, entre los registros jurídico y físico de las propiedades.

Hasta ahora, el Registro y el Catastro actuaban legal y técnicamente de manera separada; los procedimientos de inscripción y los accesos a la información de una determinada finca no están integrados. Esto permite, por ejemplo, que existan diversos planos catastrados de una misma propiedad y que esos planos representen una superficie superior en cerca de 20 por ciento a la del territorio nacional.

Esto está cambiando, en parte por iniciativa del Programa de Regularización del Catastro y Registro. El la Gaceta N° 48 se publicó la  Ley N° 8710, del 10 de marzo del 2009 en la que se unifica ambas instituciones y crea un Registro Inmobiliario en el que, tanto el registro jurídico, como el físico, van de la mano. La idea es que, una vez concluido el programa, cada plano catastrado esté debidamente relacionado con los datos jurídicos de la propiedad en el Registro e identificado en el mapa de Costa Rica.

En la medida en que se reglamente y se avance en la aplicación de esa ley, se incrementará la seguridad jurídica de las propiedades.

Pero la nueva ley no significa solo mayor seguridad jurídica, sino que crea un sistema de información territorial que permitirá a las municipalidades y ministerios, como los de Vivienda, o de Obras Públicas, contar con datos actualizados indispensables para una mejor ejecución de sus labores.

Esta idea está resumida en la propuesta de un catastro multifinalitario, en el que, mediante el uso de nuevas herramientas y de la información digitalizada, ciudadanos e instituciones dispondrán de datos actualizados, disponibles para atender las más diversas necesidades de planificación y uso del territorio. Se espera así reducir los costos y tiempos de consultas, poniendo a disposición del público y de las autoridades informaciones en tiempo real.

• Folleto Institucional 2007-2008
• Folleto Institucional 2008-2009